Querido lector, en la anterior entrada veíamos cómo la llegada de la II república trajo a España una ola de anticatolicismo que provocó que carlistas y nacionalistas salvaran sus distancias en otros aspectos y se unieran en Pamplona para defender las iglesias y conventos de la furia incendiaria. Pues bien, en este ambiente se encuadra la entrada de hoy, ya que la nueva gestora que sustituyó a la Diputación Foral, en mayo de 1931, precisamente cuando ardían iglesias y conventos, incluyó al aitacho en una Comisión para estudiar el régimen autonómico deseable para Navarra.
Dicha comisión (en Junio de 1931) dictaminó, inicialmente, a favor de un Estatuto vasco-navarro. Esto fue posible gracias a la unión conjunta de nacionalistas, carlistas y liberales, con la intención de impedir el avance del anticatolicismo republicano en Navarra, por medio de un artículo del proyecto de estatuto que reservaba las relaciones con la Santa Sede directamente desde Navarra. Así, decidieron anteponer intereses superiores frente a claras diferencias de concepto. Pero los republicanos de izquierdas tenían muy claro que desterrar a Dios de España era uno de sus principios fundamentales.
En estas estaban cuando se aprobó una nueva Constitución en Diciembre de 1931, que como botón de muestra, entre otras lindezas “en defensa de la libertad”, ordenaba la expulsión de los Jesuitas de España y la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas. Para entender la importancia del tema haremos con intención puramente didáctica una similitud, imperfecta como todo acercamiento ficticio, pero muy ilustrativa: salvando las distancias es como si la constitución decretará hoy la expulsión de los Neocatecumenales (quicos) o de los miembros del Opus Dei de España y además cerrará todos los colegios religiosos.
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| En Diciembre de 1931 se aprobó una constitución laicista |
Además, en base a esta nueva “ley de leyes” alegaron que el proyecto del estatuto vasco navarro entraba en conflicto con el 14 de la constitución laicista.
Esto, obligó a una revisión del texto estatutario, y las tornas cambiaron. La división que produjo por la no inclusión del artículo sobre la Santa Sede en el nuevo texto y el hecho de que pudiera ser perjudicial para los fueros. Estos motivos llevaron a los dirigentes de la Comunión Tradicionalista (carlista) a dar libertad de voto. Así, mi padre, que inicialmente apoyó el estatuto por las razones antes esgrimidas, cuando desapareció la ventaja superior, que era conseguir salvar Navarra de la política anticatólica y defender los fueros, intentó recuperar el texto inicial. Pero en vista de que no había vuelta atrás y del rumbo cada vez más separatista y dañino para el régimen foral navarro que iba tomando el asunto terminó abandonando el tema.
Independientemente del trajinado estatuto, siempre trabajó por una unión cultural de los amantes del folklore, lengua y costumbres vascas, pero igualmente, se opuso a una entidad política común si ésta propugnaba la separación de España o no respetaba la peculiaridad Navarra y los fueros.
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